El Tribunal General confirma en gran parte la decisión de la Comisión que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el objetivo de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda (Asunto T-604/18 – Google Android)

El Tribunal General de la Unión Europea (“Tribunal General”) ha desestimado la apelación que Google interpuso contra la decisión de la Comisión Europea de 18 de julio de 2018, por la cual se sancionaba al gigante tecnológico con una multa de 4.343 millones de euros por abusar de su posición dominante, en relación con la obligación que imponía Google a los fabricantes de dispositivos móviles de preinstalar los motores de búsqueda de la empresa sancionada (Google Search i Chrome) para poder tener acceso a una licencia de explotación de la “Play Store”, su tienda de aplicaciones.

Se trata de la segunda sentencia que recae de las tres sanciones que la Comisión impuso a Google por abuso de posición dominante, contra las cuales la empresa interpuso recurso. La sentencia aún no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia). En 2021, el Tribunal General ya confirmó la decisión condenatoria de la Comisión en el asunto Google Shopping.

En el asunto Google Android, la Comisión consideró que, con las restricciones impuestas, Google pretendía reforzar su posición dominante en el ámbito de servicios de búsqueda general y, en consecuencia, reforzar los ingresos que obtenía gracias a los anuncios que se asociaban a las distintas búsquedas.

En particular, respecto de las condiciones de preinstalación impuestas a los fabricantes de dispositivos móviles, el Tribunal General acoge la tesis de la Comisión, según la cual la predisposición de unos determinados motores de búsqueda podía suponer un “sesgo del statu quo”, haciendo que los usuarios tengan una tendencia inconsciente a utilizar las aplicaciones de búsqueda y navegadores que su dispositivo ya lleve incorporados.

Según la Comisión, los acuerdos que Google tenía con los fabricantes de teléfonos móviles eren “acuerdos de exclusividad”, dado que los pagos se supeditaban al hecho de que estos mismos fabricantes no preinstalaran motores de búsqueda de cualquier competidor, únicamente los de Google, cosa que, según el Tribunal General, supuso un ejercicio abusivo de su posición dominante.

En tercer y último lugar, con respecto a la valoración del carácter abusivo de las restricciones controvertidas, el Tribunal General, de nuevo, da la razón a la Comisión, en el sentido de considerar abusivas las restricciones incorporadas en los acuerdos contra la fragmentación, dado que se quería “obstaculizar el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que funcionan con una bifurcación de Android no compatible”, y se añadió, además, que la práctica en cuestión había llevado a un refuerzo de la posición dominante de Google en el mercado de los servicios de búsqueda general, a la vez que constituía un freno a la innovación, en la medida en la que se había restringido la diversidad de ofertas a las cuales los usuarios podían acceder.

Por otra parte, el Tribunal General rebaja la multa a 4.125 millones de euros, ya que se estima la alegación de Google relativa a la vulneración de sus derechos de defensa por el hecho de que la Comisión se negó a celebrar una audiencia sobre la prueba AEC (por sus signas en inglés As Efficient Competitor Test).

En cualquier caso, esta sentencia supone, de nuevo, una victoria para la Comisión, tal y como ya pasó con el Asunto T-612/17 (Google Shopping), y legitima a este órgano a aplicar el derecho de la competencia a grandes plataformas, en la línea de la Ley de Mercados Digitales aprobada definitivamente en julio de este año por el Consejo de la Unión Europea. Con esta normativa se pretende regular las plataformas digitales con el fin de conseguir una competencia efectiva, evitando que los “gigantes” de la industria usen su posición como “guardianes de acceso” (gatekeepers) a los mercados digitales para limitar el acceso de las empresas a clientes finales o para aplicar condiciones abusivas.

Finalmente, se tendrá que estar pendiente del recurso que Google interpuso contra la tercera decisión condenatoria de la Comisión por prácticas abusivas, en el caso conocido como AdSense (Asunto T-334/19), así como la resolución del recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia condenatoria del Tribunal General en el asunto Google Shopping (C-48/22).

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