Las actividades autorizadas con anterioridad a la fecha de transposición de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental también pueden incurrir en responsabilidad si ocasionan daños en el medio.
En una reciente Sentencia de 1 de julio de 2017 (caso Gert Folk), el TUE ha concluido que la Directiva 2004/35 / CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de los daños ambientales, también es aplicable a los daños ambientales producidos por una actividad con posterioridad a la fecha de transposición de la directiva (30-4-2007), aunque haya sido autorizada de conformidad con una normativa ambiental anterior.
Asimismo, el TUE también ha concluido que es contraria a la citada Directiva una disposición de Derecho nacional que, con carácter general y automático, descarte que un daño que produce efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo o en el potencial ecológico de las aguas afectadas, se califique como «daño medioambiental» por el mero hecho de estar amparado en una autorización otorgada al amparo de aquel Derecho nacional.
Este pronunciamiento tiene origen en una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Austria en un caso que tenía por objeto una reclamación por daños medioambientales contra una actividad hidroeléctrica que contaminaba las aguas de un río, pero que disponía de una autorización otorgada con anterioridad a la fecha de transposición de la Directiva 2004/35 / CE y que contenía una prescripción sobre el vertido de aguas residuales. En primera instancia, la reclamación medioambiental fue desestimada con el argumento de que la autorización de la actividad amparaba el vertido de aguas residuales que efectuaba en un río y que, en consecuencia, no podía ser constitutivo de un daño ambiental. Pero, en segunda instancia, el recurrente alegó que la normativa austriaca vulneraba la Directiva 2004/35/CE, por lo que el TS planteó la cuestión prejudicial al TJUE, resuelta mediante la Sentencia de 1 de julio de 2017 en el sentido antes indicado.